Segunda condena para Hermoso Murillo, exalcalde de Puertollano, esta vez por el caso Cerrú

El Juzgado de lo Penal Nº 3 de Ciudad Real le ha impuesto cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, que se suman a los siete años por el caso de la plaza de toros

Imagen de archivo de Joaquín Hermoso Murillo a la puerta de los juzgados
Imagen de archivo de Joaquín Hermoso Murillo a la puerta de los juzgados

El Juzgado de lo Penal Nº 3 de Ciudad Real ha condenado a Joaquín Hermoso Murillo, alcalde de Puertollano entre 2004 y 2013, y a Juan Luis Vázquez Calvo, secretario accidental del Ayuntamiento en la época de los hechos, a cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa por el caso Cerrú, tal y como ha informado este miércoles 'La Tribuna de Ciudad Real'.

Esta pena es algo inferior a los seis años que pedía la Fiscalía ya que se han considerado como atenuante las dilaciones indebidas al considerar que el procedimiento, iniciado en 2017, se ha prolongado durante cerca de nueve años por causas no atribuibles a los acusados. Esta sentencia, en todo caso, no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real. 

Se castigan así las irregularidades cometidas en torno a las obras de construcción del estadio ‘Ciudad de Puertollano’, popularmente conocido como Cerrú. Todo arrancó en la investigación iniciada en junio 2017, casi siete años después de su inauguración, la cual llevó en el mes de julio de 2018 a que agentes de la UDEF (Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional) desalojasen el Ayuntamiento de Puertollano para llevar a cabo un importante registro.

Esta es la segunda condena por prevaricación tanto para Hermoso Murillo como para Vázquez Calvo ya que ambos han sido condenados también a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo delito en la ejecución de las obras en la plaza de toros en 2007 y 2008, sentencia que ha sido confirmada ya por el Tribunal Supremo. En ese caso, se produjeron irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción de la segunda fase plaza de toros, tras fragmentar estas obras en 69 expedientes a pesar de que conocían que no había causas técnicas que lo justificasen, por lo que procedieron a tramitar los distintos contratos sin publicidad, adjudicándolos de forma directa.